La Administración McKinley evaluó que un convenio con Cuba negociado en forma de tratado tendría que ser aprobado por dos tercios del Senado y ello podía entorpecer sus miras; el modo más seguro de imponerlas era conseguir que el 55 Congreso sancionara los términos de las relaciones antes del 3 de marzo de 1901, cuando finalizaba su legislatura.